La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado ha visto cómo su concurso para dar atención sanitaria a los funcionarios y a sus familiares ha quedado desierto. Las aseguradoras no están conformes con las condiciones ofrecidas. Adeslas, DKV y Asisa explican que en el anterior concierto (2021-2024) perdieron 600 millones de euros al ofrecer estos servicios. Sostienen que el gasto sanitario ha crecido un 60% en los últimos diez años pero la prima de Muface solo ha subido un 31%.
En el marco de las negociaciones, las compañías pidieron al Gobierno un incremento económico del 40% para no trabajar a pérdidas, sin embargo, el Ejecutivo solo la ha mejorado en un 17% por lo que no hay acuerdo. La retirada unánime de las aseguradoras deja en el limbo a millón y medio de personas. Es preciso recordar que la mayoría del funcionariado, el 72%, escogió la atención privada cuando se le dio a elegir. Todos ellos deberán pasar irremediablemente al sistema público si no se mejoran las condiciones de la licitación y se convence a las aseguradoras. La inclusión de este millón y medio de pacientes terminaría por colapsar la ya malherida sanidad pública que cuenta con una altísima carga asistencial de por sí. Ejemplo de ello son las listas de espera. A finales de 2023 se contabilizaron un total de 849.535 pacientes. Unos datos alarmantes que suponen un aumento del 7,1% respecto a diciembre de 2022. De tal forma, el tiempo medio de espera es de 4 meses y 8 días. La espera se hace eterna para un 24% de los pacientes que lleva más de 6 meses aguardando una cita.
Médicos Unidos por sus Derechos sostiene que el problema radica en que el sistema es incapaz de atraer ni mantener a un número de médicos suficientes por las malas condiciones laborales. A este saturado sistema habría que sumarle el millón y medio de pacientes procedentes de Muface si no se alcanza un acuerdo. Supondría el colapso del sistema sanitario que ya lidia como buenamente puede con la plantilla disponible. MUD cree que existe una gran falta de planificación de recursos humanos que repercutirá directamente en el bienestar de los profesionales y por ende de los pacientes. El apoyo que la sanidad privada ofrece al sistema público es esencial: no solo para aliviar el número de pacientes sino a nivel económico (1.200 euros cuesta un paciente de Muface frente a los 1.700 de la pública). Ya faltan miles de médicos de por sí. Si no hay acuerdo, este problema se recrudecerá y las condiciones laborales empeorarán sustancialmente pues es necesario hacer frente a la carga asistencial.
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