La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cerrado un acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO para que a partir de 2026 la jornada laboral sea de 37,5 horas. Una reducción que, además, no supondrá una rebaja del salario según la ministra. Las compañías tendrán todo el año que viene para adaptarse. Si no lo hacen, la inspección de trabajo podrá imponer multas de hasta 10.000 euros por empleado que no cumpla con la nueva jornada. El pacto no cuenta con el apoyo de la CEOE ni de la parte socialista del Gobierno. Además, el Congreso de los Diputados deberá validar la iniciativa en forma de proyecto de ley para que esta se haga realidad.
Lo paradójico es que Trabajo impone esta reducción en el sector privado mientras no hay intención de aplicarla en el lo público. Ejemplo de ello es el colectivo médico que tiene estipulado 48 horas semanales como máximo aunque con las guardias esta cifra puede ser superada. La encuesta de MUD muestra que las guardias suman otras 24 horas semanales de media.
Todo indica que la precariedad se ha normalizado en el sector público. En el caso de la profesión médica no hay voluntad política para cambiar las cosas. No la hay para mejorar las condiciones laborales pues supondría la contratación de más profesionales y una mejor gestión de los recursos humanos para hacer frente con garantías a una enorme carga asistencial. La administración sigue espoleando a los médicos para mantener a flote un sistema insostenible que precisa de profundas reformas. Así, el dicho «remedios vendo, para mí no tengo»cobra más sentido que nunca.
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